El asesinato
de una maestra en la Región Lagunera de Coahuila, cometido por jóvenes
exalumnos, no es una tragedia aislada: es una advertencia. Una advertencia que
el Estado Mexicano se niega a escuchar. Mientras funcionarios repiten discursos
vacíos sobre “escuelas seguras”, la realidad es brutal: la violencia juvenil se
ha desbordado y la escuela está sola, desarmada y expuesta.
Durante
años, los menores de edad han sido utilizados como carne de cañón por el crimen
organizado. Reclutados, secuestrados, manipulados, moldeados. Y cuando no
fueron obligados, fueron seducidos: dinero inmediato, poder simbólico,
reconocimiento entre pares. ¿Qué ofreció el Estado a cambio? Nada. Ni
protección, ni alternativas, ni presencia institucional. Los jóvenes
aprendieron que la violencia funciona, que da estatus, que abre puertas. Y lo
aprendieron porque nadie les enseñó otra cosa.
La escuela
recibe hoy a adolescentes que crecieron en entornos donde la violencia es un
lenguaje cotidiano. Jóvenes que han visto cómo la autoridad se diluye, cómo la
impunidad se normaliza, cómo los límites se rompen sin consecuencias. Y, aun
así, se pretende que los docentes —sin capacitación, sin respaldo jurídico, sin
protección física— contengan solos un fenómeno que nace fuera de las aulas.
La
implementación de la Declaración de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
fue otro golpe disfrazado de avance. Se les habló de derechos, pero nunca de
obligaciones. Se les dijo que podían exigir, pero no que debían respetar. Se
les dio libertad sin guía, autonomía sin acompañamiento, poder sin
responsabilidad. Y luego, cuando los límites se desdibujaron, se culpó a los
maestros por no “manejar adecuadamente” la conducta juvenil.
Hoy,
cualquier intento de disciplina se interpreta como abuso. Cualquier llamado de
atención, como trauma. Cualquier límite, como represión. Mientras tanto, los
docentes trabajan con miedo. Miedo a la violencia, miedo a las represalias,
miedo a ser acusados por hacer su trabajo. ¿Dónde está el Estado cuando un
maestro enfrenta solo a un adolescente violento? ¿Dónde está cuando una
comunidad entera normaliza el daño? ¿Dónde está cuando la escuela se convierte
en territorio de riesgo?
La violencia
juvenil no es un problema escolar. Es un problema nacional. Y es un fracaso del
Estado Mexicano.
Un país que
abandona a sus jóvenes está condenado. Pero un país que abandona a sus maestros
está perdido.
Si México
quiere frenar esta espiral, debe dejar de fingir que la escuela puede resolver
sola lo que la política pública ha ignorado durante décadas. Se necesita
reconstruir el tejido comunitario, devolver autoridad pedagógica, acompañar el
ejercicio de derechos con el aprendizaje de obligaciones y proteger a quienes
sostienen la última frontera de la convivencia social: los docentes.
La violencia
juvenil no se va a detener con discursos. Se va a detener cuando el Estado deje
de mirar hacia otro lado.
Lic. Josefina Sanchez Ponce
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