martes, 6 de agosto de 2013

Cuando el trabajador obtiene un crédito de INFONAVIT ...

MI CASA, MI PROBLEMA.
 Mi casa, tu ganancia
La demanda de viviendas propias en México y en el mundo se ha vuelto el negocio más rentable para los bancos y las compañías constructoras quienes han visto incrementadas sus ganancias con la venta de créditos hipotecarios a los trabajadores, principalmente, quienes buscan fincar un patrimonio con una propiedad que les asegure a largo plazo una vivienda digna.

La realidad ha sido otra. En Estados Unidos por ejemplo, uno de los factores de la recesión que viven es el vencimiento de las hipotecas y el consecuente decomiso de las viviendas por parte de los bancos; en Europa, principalmente en  España, cientos de trabajadores han sido arrojados a la calle porque al perder sus empleos, los bancos han embargados las casas sin miramiento alguno.

En México  la situación es diferente para los trabajadores, pero el negocio es el mismo. Cuando se creó el INFONAVIT en  1972, el Estado  aglutinó los distintos proyectos e instituciones destinadas a la construcción de viviendas y le da la facultad de avalar los créditos otorgados a los trabajadores, pero sin verificar que las casas cumplan con las normas de seguridad requeridas y mucho menos, que sean un proyecto de “vivienda digna”: “El pensamiento funcionalista llegó a reducir el concepto de “vivienda social” a “vivienda mínima”, y por lo tanto, a “vivienda barata”, lo cual implicó una reducción de la calidad del espacio y los materiales, bajando la calidad de las condiciones de habitabilidad.”( Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral)

En este municipio, la regla se ha repetido hasta el cansancio. Del primer conjunto habitacional INFONAVIT Rio Grande donde se hacinaron familias con distintas costumbres y niveles educativos provocando el conflicto que se superó solo con el transcurso de los años, hasta los más recientes de Rio Escondido o la caótica Villas del Carmen, a las constructoras y a los bancos, lo que menos les interesa es la calidad del terreno, de los materiales  o el número de miembros que habitaran las casas.

La fuerte lluvia del pasado mes de julio volvió a poner en discusión las viviendas que los trabajadores tienen que pagar: permisos otorgados para construir en lechos de arroyos, deforestación para construir hospitales y escuelas y todos ellos  fueron, en su momento, autorizados por el Comité de Desarrollo Urbano presidido por el Presidente Vitalicio Elías Sergio Treviño, Ex presidente Municipal. Y avalados posteriormente por Obras Publicas del Municipio y el Presidente Municipal en turno.

El negocio es completo: las constructoras, muchas de ellas creadas con capitales formados a la sombra de la casta que gobierna el país, adquieren terrenos a los acaparadores de terrenos del municipio, evitan los estudios de impacto ambiental y ocultan la existencia de arroyos pluviales para vender casas de menos de 70 metros cuadrados a familias de, por lo menos 5 miembros, las que ““Si bien es cierto que satisficieron la necesidad de una gran cantidad de gente, también cabe mencionar que este tipo de vivienda presenta las dimensiones mínimas habitables y la gente utiliza gran parte de sus ingresos para transportarse a los centros de trabajo. La mayoría de estos conjuntos habitacionales carecen de comercio, educación, cultura, así como lugares de esparcimiento, por lo que se convierten en grandes dormitorios aislados de la ciudad.”

Elías Sergio Treviño declara que serán “más exigentes” con los requisitos para autorizar la apertura y construcción de nuevos fraccionamientos (sic) pero en ningún momento se habla de responsabilizar a las constructoras, sus prestanombres ni a quienes cobraron por cada permiso de reintegrar a los trabajadores su derecho a contar con una vivienda digna, de calidad y de tamaño suficiente para toda su familia.

Toda obra pública o privada paga permisos al municipio y en ningún momento la autoridad municipal ha ejercido el poder para evitar que se sigan achicando los causes de los arroyos ni ha prohibido  que se tapen  o que se construyan sobre ellos siendo responsables morales y éticos de los daños materiales que han provocado en la ciudad las lluvias como las del pasado mes de julio y que se repetirán por el cambio climática que el hombre ha provocado.


Profra. Josefina Sànchez Ponce.

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