domingo, 23 de noviembre de 2025

Violencia física y económica: el Estado ausente frente al 25N

 


La desaparición de mujeres en México es violencia feminicida y una deuda del Estado.

Cada día, 80 mujeres y niñas desaparecen, dejando a sus hijos en la orfandad física y económica. En 2024 se registraron más de 13,000 desapariciones y en los primeros meses de 2025 ya suman casi 30,000. Esta tragedia no solo arrebata vidas, también condena a familias enteras a la pobreza y al abandono institucional. El silencio y la inacción del Estado son complicidad.

Pero la violencia también se manifiesta en la economía: millones de mujeres, especialmente madres solteras, enfrentan empleos precarios, salarios más bajos que los hombres y escasas oportunidades de ascenso. Aunque sostienen gran parte de la fuerza laboral, menos del 4% llega a ser directora general en empresas importantes, y muchas cargan solas con la responsabilidad de sus familias.

Los apoyos económicos que reparte el Gobierno Federal están muy lejos de ser la solución a esta forma de violencia: faltas de guarderías con personal profesional y capacitado, oportunidades de capacitación laboral que se refleje en salarios sustanciosos, y seguridad social que no vuelva a las mujeres de la tercera edad en cargas insostenibles para las hijas que deben velar por ellas.

La violencia económica que viven millones de mujeres mantiene a México atrapado en la pobreza. Una pobreza que se ha convertido en un mal endémico y transgeneracional

La utopía de equidad que ha permeado el discurso político se extenderá hasta el año 2051cuando sean equitativos los puestos de alta responsabilidad en la IP porque para lograrlo se requiere capacidad, lo que no sucede en los cargos políticos donde las cuotas han puesto en evidencia la incapacidad de legisladores y legisladoras para sentar las bases de una verdadera equidad en lo social, lo económico, lo educativo y, sobre todo, en el acceso a la justicia.

Decepción total ha sido la primera mujer en la Presidencia de la República que repite discursos heredados de su antecesor, sin mostrar voluntad propia y mucho menos capacidad para enfrentar la impunidad que domina todos los espacios de la vida en México.

Prevenir y sancionar el asesinato de mujeres, de la desaparición forzada de mujeres, o la venta para la trata son demandas que deberían ser prioritarios en la agenda política de los gobiernos. Pero esos datos, no se ven, esas cifras, se maquillan, esos dolores se cubren con abrazos solidarios: son datos que no se detienen en NI UNA SOLA LEY O REFORMA que muestre verdadera voluntad política para enfrentar el problema.

Otro 25N naranja sin respuestas. Solo oídos sordos y Casa de gobierno cercada. Pero nuestra voz no se calla: exigimos justicia, verdad y dignidad

#25N #NiUnaMenos #JusticiaParaEllas #ViolenciaEconómica #Desapariciones #México

 Lic. Josefina Sánchez Ponce


domingo, 20 de julio de 2025

NI UNO MÁS, NI UNA MENOS: EL PRESUPUESTO QUE IGNORA EL DOLOR

 


En México no es una persona, son más de 130 mil las desaparecidas. Y el silencio institucional pesa más que cualquier cifra. Amnistía Internacional ha urgido al gobierno federal a priorizar la búsqueda de estas personas, pero las respuestas han sido evasivas, insuficientes… o inexistentes.

Desde la guerra sucia de los años 70 —donde el Estado comenzó a perseguir movimientos sociales campesinos y urbanos— hasta hoy, el problema ha escalado año con año. Pero en lugar de abordar esta crisis con leyes efectivas y justicia federal, se ha optado por militarizar el país y reducir los recursos públicos destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Los datos son inapelables: 👉 Hasta junio de 2025, 128 mil personas continúan oficialmente desaparecidas. 👉 Solo en mayo, se registraron 1,398 desapariciones, el mes más violento en esta categoría desde que hay registro. 👉 Estados como Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León concentran la mitad de los casos.

¿Dónde están los recursos? Mientras se destina más de 259 mil millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión Nacional de Búsqueda recibe apenas 247 millones. La estrategia parece clara: enfrentar el narcotráfico como prioridad —por presión del gobierno estadounidense— y relegar la búsqueda de desaparecidos al margen.

Los familiares han tenido que acudir a organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, mientras enfrentan el desdén oficial y el encubrimiento de aliados políticos.

A pesar que en el 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de y se destinaron recursos para crear fiscalías especializadas, los procesos judiciales han sido escasos y lentos. Según informes de organizaciones como IDHEAS y Red Lupa, menos del 2% de los casos de desaparición forzada llegan a una sentencia condenatoria. El número de personas enjuiciadas por desaparición forzada es extremadamente bajo en comparación con la magnitud del problema.

La herencia de gobiernos priistas, la estrategia evasiva del gobierno actual y la tergiversación del lenguaje han logrado invisibilizar el dolor de miles.

En México, la desaparición forzada se ha vuelto parte del paisaje, y lo que debería ser excepcional —la impunidad— es hoy la norma.

Lic. Josefina Sánchez Ponce

Julio 2025