Los
costos políticos de la equidad de género en la administración pública.
“Si la mujer puede subir al cadalso,
también puede subir a la tribuna”.
también puede subir a la tribuna”.
En 1953 se
reconoció el derecho de las mujeres mexicanas a votar, 130 años después de que
participaron con dinero, con ideas y con la vida en la lucha por la
independencia de México. Sin embargo, la participación igualitaria en la toma
de decisiones del país sigue siendo letra muerta en las Leyes elaboradas con mucho espíritu pero sin
ninguna realidad.
La manipulación de
los nombres femeninos en la elaboración de las “listas” de diputad@s y
regidurías siguen estando a discreción de LOS dirigentes de los partidos
políticos. Las mujeres son vistas como acarrea votos o usadas como abnegadas
madres de familia que se prestan a eternas fotografías donde entregan
flores a los candidatos a dirigir los destinos de pueblos, estados o de
la República.
El avance por la
participación igualitaria en la vida pública de México ha sido lento, apenas
hace 15 años que se inició el proceso para que las distintas leyes electorales
establecieran la equidad de género; sin embargo, la manipulación de las leyes
por parte de la casta política, ha sido tal que mujeres que han sido electas
para desempeñar algún cargo de elección han renunciado para que sus suplentes
(hombres) ocupen sus lugares.
Es lamentable que
la lucha de mujeres como Clementina Batalla de Bassols, de Carmen Serdán, de
Benita Galeana o Martha Lamas que entregan la vida y sus capacidades
intelectuales para lograr el derecho del que hoy gozamos las mujeres sea
manoseada y prostituida para que los cotos de poder pactados en lo oscurito
asegure y mantenga un sistema político que hunde cada día mas a la Patria en la
pobreza y la inseguridad social.
Amparadas por “la
equidad de género” , por ejemplo, en este municipio de Piedras Negras, dos
trabajadores de la educación fueron impuestas por el SNTE para que formen parte
de la administración municipal que asumirá el cargo en 2014: Zelma
Gallardo e Ivone Rivera Martínez cuya
única trayectoria política que han tenido ha sido prestar el nombre para
representar al PANAL en su compromiso con el PRI, obteniendo como pago, una
dieta como regidoras que ascenderá a casi 50 mil pesos mensuales con cargo a
los ciudadanos nigropetenses a cambio de 350 votos con los que contribuyeron,
entre las dos, al triunfo del priista Fernando Puron.
Las mujeres tenemos
que exigir no una equidad de género en la integración de los gobiernos electos
o en la integración de los gabinetes; sino una equidad en las capacidades de
decisión y una equidad para asumir retos y compromisos con l@s mexican@s. Las
decisiones de gobierno NO es cuestión de
género, las decisiones de gobierno deberían tener como objetivo la equidad
en el beneficio de la comunidad.
Asignar nombres a
grises personajes que aseguran con el dedo la complicidad en los manejos del
erario público es un delito de conciencia porque la honestidad también tiene un
precio y en esta patria chica el precio es el salario de regidores.
En el corporativismo sindical hacia el interior del
PRI, el SNTE puede asegurar espacios para trabajadoras de la educación que
recibieran como estímulo a su calidad laboral un puesto de elección popular, porque en la vida
pública también se aprende y ese aprendizaje se regresa a las aulas con las
siguientes generaciones de electores o de funcionarios públicos.
El camino en la
equidad para la participación pública sigue siendo escabroso y largo, pero los
espacios de las mujeres tienen que ser ganados con estudio, capacidad y
voluntad, NUNCA como favor otorgado por la casta política y menos cuando ese
favor representa una carga económica que tiene que ser pagada por el pueblo al
que se jura servir.
Profra. Josefina Sànchez Ponce.
