Los costos políticos de la equidad de género en la administración pública.

“Si la mujer puede subir al cadalso,
también puede subir a la tribuna”.

En 1953 se reconoció el derecho de las mujeres mexicanas a votar, 130 años después de que participaron con dinero, con ideas y con la vida en la lucha por la independencia de México. Sin embargo, la participación igualitaria en la toma de decisiones del país sigue siendo letra muerta en las Leyes  elaboradas con mucho espíritu pero sin ninguna realidad.

La manipulación de los nombres femeninos en la elaboración de las “listas” de diputad@s y regidurías siguen estando a discreción de LOS dirigentes de los partidos políticos. Las mujeres son vistas como acarrea votos o usadas como abnegadas madres de familia que se prestan a eternas  fotografías donde  entregan  flores a los candidatos a dirigir los destinos de pueblos, estados o de la República.

El avance por la participación igualitaria en la vida pública de México ha sido lento, apenas hace 15 años que se inició el proceso para que las distintas leyes electorales establecieran la equidad de género; sin embargo, la manipulación de las leyes por parte de la casta política, ha sido tal que mujeres que han sido electas para desempeñar algún cargo de elección han renunciado para que sus suplentes (hombres) ocupen sus lugares.

Es lamentable que la lucha de mujeres como Clementina Batalla de Bassols, de Carmen Serdán, de Benita Galeana o Martha Lamas que entregan la vida y sus capacidades intelectuales para lograr el derecho del que hoy gozamos las mujeres sea manoseada y prostituida para que los cotos de poder pactados en lo oscurito asegure y mantenga un sistema político que hunde cada día mas a la Patria en la pobreza y la inseguridad social.

Amparadas por “la equidad de género” , por ejemplo, en este municipio de Piedras Negras, dos trabajadores de la educación fueron impuestas por el SNTE para que formen parte de la administración municipal que asumirá el cargo en 2014: Zelma Gallardo  e Ivone Rivera Martínez cuya única trayectoria política que han tenido ha sido prestar el nombre para representar al PANAL en su compromiso con el PRI, obteniendo como pago, una dieta como regidoras que ascenderá a casi 50 mil pesos mensuales con cargo a los ciudadanos nigropetenses a cambio de 350 votos con los que contribuyeron, entre las dos, al triunfo del priista Fernando Puron.

Las mujeres tenemos que exigir no una equidad de género en la integración de los gobiernos electos o en la integración de los gabinetes; sino una equidad en las capacidades de decisión y una equidad para asumir retos y compromisos con l@s mexican@s. Las decisiones de  gobierno NO es cuestión de género, las decisiones de gobierno deberían tener como objetivo la equidad en  el beneficio de la comunidad.

Asignar nombres a grises personajes que aseguran con el dedo la complicidad en los manejos del erario público es un delito de conciencia porque la honestidad también tiene un precio y en esta patria chica el precio es el salario de regidores.

En el  corporativismo sindical hacia el interior del PRI, el SNTE puede asegurar espacios para trabajadoras de la educación que recibieran como estímulo a su calidad laboral un puesto  de elección popular, porque en la vida pública también se aprende y ese aprendizaje se regresa a las aulas con las siguientes generaciones de electores o de funcionarios públicos.

El camino en la equidad para la participación pública sigue siendo escabroso y largo, pero los espacios de las mujeres tienen que ser ganados con estudio, capacidad y voluntad, NUNCA como favor otorgado por la casta política y menos cuando ese favor representa una carga económica que tiene que ser pagada por el pueblo al que se jura servir.

 Profra. Josefina Sànchez Ponce.