LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO DERECHO UNIVERSAL

 

La formación docente se sostiene en teorías pedagógicas que explican cómo niñas, niños y adolescentes construyen conocimiento. Para quienes ejercemos la docencia, estas teorías son indispensables. Sin embargo, comprender cómo se aprende no basta para responder una pregunta esencial: ¿para qué existe la educación pública y por qué el Estado debe garantizarla?

Hoy, en México, esta pregunta es urgente. La educación pública atraviesa una crisis profunda: los planes y programas que deberían orientar el rumbo educativo se diseñan desde perspectivas que privilegian el control ideológico antes que la formación crítica. La escuela pública, que durante décadas fue motor de movilidad social, parece haber perdido su sentido original.

Un proyecto histórico que transformó al país

La educación pública moderna nació en el contexto de la Revolución Industrial, cuando los Estados reconocieron la necesidad de alfabetizar a una población rural y analfabeta que se incorporaba al trabajo fabril. Antes de ese momento, aprender a leer y escribir era un privilegio reservado a élites económicas y religiosas; la mayoría de la población permanecía en el analfabetismo.

En México, la consolidación de un sistema educativo nacional tomó forma tras la Guerra de Reforma. Bajo el liderazgo de Benito Juárez y con figuras como Ignacio Altamirano, Gabino Barreda, Justo Sierra y José Vasconcelos, se impulsó un proyecto educativo laico, científico y humanista. La escuela pública se concibió como un espacio para formar ciudadanía, ampliar horizontes y construir un país moderno.

A pesar de las tensiones políticas —como la inclusión del término “socialista” en el artículo tercero constitucional— la escuela pública cumplió durante décadas una función democratizadora. De sus aulas egresaron profesionistas, técnicos y trabajadores que transformaron la vida económica y social del país.

Cuando la educación pública dejó de ser prioridad

Con el paso del tiempo, la educación pública comenzó a verse como una carga presupuestal. Este cambio simbólico abrió la puerta al crecimiento de la educación privada, muchas veces asociada al prestigio más que a la calidad. Paralelamente, los programas educativos se simplificaron y los gobiernos se conformaron con indicadores numéricos: menos analfabetismo, más años de escolaridad. La calidad dejó de ser el centro del debate.

En este contexto, prácticas fundamentales para el aprendizaje —como la evaluación rigurosa o la disciplina escolar— se reinterpretaron como violaciones a derechos, sin considerar que la ausencia de límites también vulnera el desarrollo integral de las infancias. La contradicción es evidente: se evita “coartar libertades” en la escuela, mientras el Estado mantiene prácticas punitivas que ignoran la presunción de inocencia en la vida adulta.

La crisis reciente: un deterioro que ya no se puede ocultar

Durante los últimos 25 años, y con mayor intensidad tras el confinamiento por COVID-19, la crisis educativa se profundizó. Hoy enfrentamos:

Ø  Alfabetos funcionales que no comprenden textos básicos,

Ø  Dificultades para resolver operaciones matemáticas sin apoyo tecnológico,

Ø  Estancamiento en ciencias exactas,

Ø  Brechas crecientes entre educación pública y privada,

Ø  y, según la OCDE, solo un 1% de los egresados alcanza niveles de competencia adecuados.

Estos datos no son solo cifras: son señales de un sistema que ha dejado de cumplir su función social.

La pregunta que no podemos seguir posponiendo

Si la educación pública nació para garantizar igualdad y movilidad social, resulta indispensable preguntarnos:

¿Cómo puede el Estado asegurar el derecho a la educación si no garantiza condiciones mínimas de calidad para todas las infancias?

Reconocer la calidad educativa como un derecho universal no es un lujo ni una aspiración idealista: es una condición necesaria para construir un país más justo, más democrático y humano.

Lic. Josefina Sànchez Ponce

¿POR QUÉ EDUCAR A LOS NIÑOS Y JOVENES?

 

Quienes anhelaron tener hijos imaginaron sus años de crecimiento: aprender a comer, reír con sus balbuceos y celebrar sus primeros pasos. Niños y niñas saltando la cuerda, persiguiendo pelotas, trepando árboles, brincando charcos. Si se caían, un beso y una bandita bastaban para curarlo todo. Cada golpe era un aprendizaje, y las cicatrices quedaban como huellas de sus pequeñas victorias.

En la escuela, los niños acudían a abrir la mente al conocimiento y a relacionarse con los demás. Aprendían a respetar a los mayores, reglas, el orden.

La Constitución mexicana establecía que la educación debía ser integral, para que cada estudiante conociera un poco de todo y pudiera tomar decisiones informadas. Y si esas decisiones eran equivocadas —reprobar un examen, suspender una materia, repetir un ciclo escolar o incluso cambiar de carrera— esos yerros templaban el carácter.

El maestro, los ancianos, los mayores, las madres guiaban, orientaban y corregían. Como al árbol torcido: se le cortan las ramas que impiden su crecimiento y se quitan las malezas para que se fortalezca y dé frutos.

Pero de un año a otro, sin un proyecto educativo que piense en el desarrollo de la nación, de la sociedad y de las personas, se impone la libertad plena a los menores de edad. Tienen derechos, pero no obligaciones. Una nota negativa los “trauma”; suspender una materia es “discriminación”; repetir un ciclo escolar se interpreta como negar el derecho a la educación.

Pero ¿a cuál educación?
Los fríos números de los estándares internacionales reportan que en México apenas el 1% de los estudiantes de tercer grado de secundaria tiene la habilidad necesaria para analizar un texto literario. Ese porcentaje se repite en ciencias y matemáticas.

Hoy, muchos adultos tienen miedo de poner límites a los menores porque una denuncia —generalmente anónima— puede destruirles la vida: maltrato, acoso, discriminación. Y se deja ser y hacer. Sin límites. Sin reglas. Sin consecuencias.

El Estado apuesta a la ignorancia, porque la ignorancia es la fuerza que sostiene a la casta gobernante y al sistema de explotación económica que está produciendo generaciones sin capacidad de analizar la realidad que vivimos.

¿Por qué criticar un error ortográfico en una propuesta de ley si quien la escribió es producto de un Estado sin proyecto educativo? ¿Para qué señalar a una joven que se asolea en una ventana de Palacio Nacional si la historia y la ética han dejado de importar en las aulas?

Hoy, perder el proyecto educativo no es solo un error administrativo: es una renuncia deliberada al futuro. Un país que deja de formar a sus niños se condena a sí mismo a la dependencia, a la manipulación y a la fragilidad democrática. La ignorancia no es un accidente; es una estrategia. Y mientras no recuperemos la convicción de que educar es un acto de responsabilidad colectiva, seguiremos construyendo generaciones libres de obligaciones, pero prisioneras de un sistema que no quiere que piensen.

Lic. en Estudios Sociales Josefina Sànchez Ponce

CUANDO ENSEÑAR SE VUELVE UN ACTO DE RIESGO

Un aula sin maestro. Cuando enseñar se vuelve un acto de riesgo, el silencio también educa. 

Hay una película española ambientada en el apogeo del franquismo, La lengua de las mariposas. En ella, un maestro mayor enseña ciencias, matemáticas y literatura a los niños de un pequeño pueblo. Les enseña a pensar, a reflexionar y a comprender que las acciones tienen consecuencias. Su verdadero delito no es político ni religioso: es formar ciudadanos capaces de cuestionar la injusticia.

En el clímax, las élites del pueblo lo denuncian por “comunista” y “ateo”. Logran expulsarlo y, en la escena final, uno de sus alumnos —repitiendo lo que escucha de los adultos— lo insulta y le lanza piedras. No entiende lo que dice, pero reproduce la violencia que ha aprendido.

Esta semana, en México, volvimos a enfrentar una tragedia: dos maestras asesinadas dentro de su escuela por un adolescente con acceso a un arma. Un joven que, sin comprender que sus actos tienen consecuencias, descargó su ira de la forma más destructiva. Eso es lo que aparece en los titulares: lo visible, lo inmediato, lo que vende.

Pero debajo de esa superficie hay una realidad más profunda: en México, la violencia se ha convertido en una institución tolerada desde espacios de poder político y económico.

Hoy, para ser maestro basta un título y aprobar un examen de oposición. No se exige formación pedagógica, ni comprensión del desarrollo infantil, ni vocación. Al mismo tiempo, los docentes son estigmatizados por la crisis educativa, mientras se sostiene un sistema donde prácticamente nadie puede ser suspendido o reprobado. Niños y adolescentes crecen sin aprender que sus actos tienen consecuencias.

Los pocos maestros que aún desean formar ciudadanos se enfrentan a un país donde los asesinatos rara vez tienen responsables, los robos quedan impunes, los fraudes no llevan a nadie a prisión y la corrupción gobierna. Día tras día observan que, en la práctica, las acciones no tienen consecuencias.

¿A quién reclamar? El secretario general del SNTE es senador por el partido en el gobierno, (antes  fue militante del PRI y de Nueva Alianza), y hoy ha alineado a la dirigencia sindical con el oficialismo, desde esa posiciòn ¿cómo va a señalarque la crisis educativa 
existe porque no hay una política educativa clara, coherente y responsable con la nación?

¿Qué autoridad defenderá a los maestros si desde las más altas esferas se promovió la idea de que los docentes son flojos, ineptos o corruptos, preparando el terreno para que la educación privada se perciba como la única opción “de calidad”?

El daño está hecho. El asesinato de estas dos maestras se suma a una lista dolorosa. El duelo de sus familias se resolverá con seguros y silencio institucional. El adolescente será enviado a tratamiento psicológico. Y, una vez más, no habrá consecuencias reales.

Mientras tanto, quienes siguen frente a grupo callarán por supervivencia. Cumplirán su papel de guardianes y aprobarán generación tras generación de jóvenes que, al llegar al mundo laboral, reproducirán lo que aprendieron durante años: “Tengo derechos, pero ninguna obligación”.

Y así, entre impunidad, abandono y discursos que desprecian la labor docente, seguimos matando profes.
No siempre con balas. A veces con indiferencia. A veces con silencio.
Y siempre, siempre, con consecuencias que nadie quiere asumir.

Lic. Josefina Sànchez Ponce