La formación docente se sostiene en teorías pedagógicas que explican cómo niñas, niños y adolescentes construyen conocimiento. Para quienes ejercemos la docencia, estas teorías son indispensables. Sin embargo, comprender cómo se aprende no basta para responder una pregunta esencial: ¿para qué existe la educación pública y por qué el Estado debe garantizarla?
Hoy, en México, esta pregunta es urgente. La educación
pública atraviesa una crisis profunda: los planes y programas que deberían
orientar el rumbo educativo se diseñan desde perspectivas que privilegian el
control ideológico antes que la formación crítica. La escuela pública, que
durante décadas fue motor de movilidad social, parece haber perdido su sentido
original.
Un
proyecto histórico que transformó al país
La educación pública moderna nació en el contexto de la
Revolución Industrial, cuando los Estados reconocieron la necesidad de
alfabetizar a una población rural y analfabeta que se incorporaba al trabajo
fabril. Antes de ese momento, aprender a leer y escribir era un privilegio
reservado a élites económicas y religiosas; la mayoría de la población
permanecía en el analfabetismo.
En México, la consolidación de un sistema educativo nacional
tomó forma tras la Guerra de Reforma. Bajo el liderazgo de Benito Juárez y con
figuras como Ignacio Altamirano, Gabino Barreda, Justo Sierra y José
Vasconcelos, se impulsó un proyecto educativo laico, científico y humanista. La
escuela pública se concibió como un espacio para formar ciudadanía, ampliar
horizontes y construir un país moderno.
A pesar de las tensiones políticas —como la inclusión del
término “socialista” en el artículo tercero constitucional— la escuela pública
cumplió durante décadas una función democratizadora. De sus aulas egresaron
profesionistas, técnicos y trabajadores que transformaron la vida económica y
social del país.
Cuando
la educación pública dejó de ser prioridad
Con el paso del tiempo, la educación pública comenzó a verse
como una carga presupuestal. Este cambio simbólico abrió la puerta al
crecimiento de la educación privada, muchas veces asociada al prestigio más que
a la calidad. Paralelamente, los programas educativos se simplificaron y los
gobiernos se conformaron con indicadores numéricos: menos analfabetismo, más
años de escolaridad. La calidad dejó de ser el centro del debate.
En este contexto, prácticas fundamentales para el
aprendizaje —como la evaluación rigurosa o la disciplina escolar— se
reinterpretaron como violaciones a derechos, sin considerar que la ausencia de
límites también vulnera el desarrollo integral de las infancias. La
contradicción es evidente: se evita “coartar libertades” en la escuela,
mientras el Estado mantiene prácticas punitivas que ignoran la presunción de
inocencia en la vida adulta.
La
crisis reciente: un deterioro que ya no se puede ocultar
Durante los últimos 25 años, y con mayor intensidad tras el
confinamiento por COVID-19, la crisis educativa se profundizó. Hoy enfrentamos:
Ø Alfabetos funcionales que no comprenden textos básicos,
Ø Dificultades para resolver operaciones matemáticas sin apoyo tecnológico,
Ø Estancamiento en ciencias exactas,
Ø Brechas crecientes entre educación pública y privada,
Ø y, según la OCDE, solo un 1% de los egresados alcanza niveles de competencia adecuados.
Estos datos no son solo cifras: son señales de un sistema
que ha dejado de cumplir su función social.
La pregunta que no podemos seguir posponiendo
Si la educación pública nació para garantizar igualdad y
movilidad social, resulta indispensable preguntarnos:
¿Cómo puede el Estado asegurar el derecho a la educación si
no garantiza condiciones mínimas de calidad para todas las infancias?
Reconocer la calidad educativa como un derecho universal no
es un lujo ni una aspiración idealista: es una condición necesaria para
construir un país más justo, más democrático y humano.
Lic. Josefina Sànchez Ponce
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