La sabiduría popular dice que nadie tropieza con la misma
piedra dos veces. Pero México insiste. Cuando la soberbia se vuelve política
pública, el país no solo tropieza: se aferra a la piedra como si fuera destino.
Desde que el gobierno de Peña Nieto abrió la puerta a la
privatización de la educación básica —culpando a los maestros de la debacle
educativa, reduciendo los estándares mínimos de aprendizaje y prohibiendo la
repetición de grado aun cuando no se alcanzaran los aprendizajes esenciales— el
retroceso ha sido constante, profundo y, hasta ahora, irreversible.
Hoy vemos los resultados. Cientos, quizá miles de jóvenes
han egresado sin comprensión lectora funcional, sin dominio de operaciones
matemáticas básicas y con conocimientos apenas superficiales de ciencias y
humanidades. La consecuencia es brutal: una generación destinada a trabajos
repetitivos, mecánicos, sin espacio para la creatividad ni la movilidad social.
Jóvenes convertidos en operarios silenciosos, sin herramientas para reclamar
derechos laborales y sin esperanza de una pensión digna en la vejez.
Y otra vez, niñas y niños obtienen resultados muy por debajo
de los estándares internacionales en la economía global en la que el propio
gobierno mexicano presume haber insertado al país.
Pero en lugar de asumir responsabilidades, comienza la
cacería de culpables. Porque reconocer que la manipulación de la Educación
Pública —dictando planes y programas a modo para asegurar lealtad sexenal y
partidista— es la raíz del fracaso escolar, implicaría admitir que la educación
no es prioridad de quienes gobiernan, sino un instrumento político.
La sociedad tampoco queda exenta. Ha sido seducida por becas
sin esfuerzo, presentadas como equidad, mientras renuncia a exigir calidad
educativa. Prefiere pagar escuelas privadas que imponen disciplina y mínimos de
aprendizaje, mientras tolera que la educación pública se desmorone frente a sus
ojos.
Y ahora, un año más, llegan las medidas emergentes. De nuevo
serán las maestras y los maestros —con grupos saturados, aulas paupérrimas y
recursos insuficientes— quienes deberán hacer malabares para que, bajo la Nueva
Escuela Mexicana, niñas y niños tratados entre algodones aprendan en meses lo
que no han aprendido en años.
Los resultados no son un accidente: son el reflejo de
decisiones que han debilitado la formación docente, la evaluación, la
infraestructura y la gobernanza educativa. México necesita una política de
Estado que trascienda sexenios, que garantice estándares, inversión y
continuidad. Porque mientras la educación siga subordinada a la lógica
partidista, el país seguirá reprobando, no por falta de capacidad, sino por
falta de visión en quienes deberían proteger su futuro.
