Quienes anhelaron tener hijos imaginaron sus años de crecimiento: aprender a comer, reír con sus balbuceos y celebrar sus primeros pasos. Niños y niñas saltando la cuerda, persiguiendo pelotas, trepando árboles, brincando charcos. Si se caían, un beso y una bandita bastaban para curarlo todo. Cada golpe era un aprendizaje, y las cicatrices quedaban como huellas de sus pequeñas victorias.
En la escuela, los niños acudían a abrir la mente al
conocimiento y a relacionarse con los demás. Aprendían a respetar a los mayores,
reglas, el orden.
La Constitución mexicana establecía que la educación debía
ser integral, para que cada estudiante conociera un poco de todo y pudiera
tomar decisiones informadas. Y si esas decisiones eran equivocadas —reprobar un
examen, suspender una materia, repetir un ciclo escolar o incluso cambiar de
carrera— esos yerros templaban el carácter.
El maestro, los ancianos, los mayores, las madres guiaban,
orientaban y corregían. Como al árbol torcido: se le cortan las ramas que
impiden su crecimiento y se quitan las malezas para que se fortalezca y dé
frutos.
Pero de un año a otro, sin un proyecto educativo que piense
en el desarrollo de la nación, de la sociedad y de las personas, se impone la
libertad plena a los menores de edad. Tienen derechos, pero no obligaciones.
Una nota negativa los “trauma”; suspender una materia es “discriminación”;
repetir un ciclo escolar se interpreta como negar el derecho a la educación.
Pero ¿a cuál educación?
Los fríos números de los estándares internacionales reportan que en México
apenas el 1% de los estudiantes de tercer grado de secundaria tiene la
habilidad necesaria para analizar un texto literario. Ese porcentaje se repite
en ciencias y matemáticas.
Hoy, muchos adultos tienen miedo de poner límites a los
menores porque una denuncia —generalmente anónima— puede destruirles la vida:
maltrato, acoso, discriminación. Y se deja ser y hacer. Sin límites. Sin
reglas. Sin consecuencias.
El Estado apuesta a la ignorancia, porque la ignorancia es
la fuerza que sostiene a la casta gobernante y al sistema de explotación
económica que está produciendo generaciones sin capacidad de analizar la
realidad que vivimos.
¿Por qué criticar un error ortográfico en una propuesta de
ley si quien la escribió es producto de un Estado sin proyecto educativo? ¿Para
qué señalar a una joven que se asolea en una ventana de Palacio Nacional si la
historia y la ética han dejado de importar en las aulas?
Hoy, perder el proyecto educativo no es solo un error
administrativo: es una renuncia deliberada al futuro. Un país que deja de
formar a sus niños se condena a sí mismo a la dependencia, a la manipulación y
a la fragilidad democrática. La ignorancia no es un accidente; es una
estrategia. Y mientras no recuperemos la convicción de que educar es un acto de
responsabilidad colectiva, seguiremos construyendo generaciones libres de
obligaciones, pero prisioneras de un sistema que no quiere que piensen.
Lic. en Estudios Sociales Josefina Sànchez Ponce
